Lo dijo el delegado tucumano de la Cámara Argentina que representa al sector. Dijo que si la obra pública no recupera su ritmo, las empresas tomarían la decisión en dos semanas.
Las advertencias que lanzaron desde la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, sacudieron los cimientos: si la desaceleración en la ejecución de la obra pública se mantiene como hasta ahora, en los próximos días las empresas privadas suspenderán a 3.500 obreros. Así lo manifestó el representante local Antonio Lorenzo Viola, quien expresó que la situación es "preocupante" por el impacto social que generará tal determinación en la provincia. Viola recordó que desde que comenzó el proceso inflacionario y la crisis con el campo, las empresas ya suspendieron a 2.500 empleados de un total de 12 mil. De este universo laboral, siete mil están abocados a la obra pública, de los cuales 3.500 quedarían suspendidos. Sin embargo, el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda Gustavo Durán, dijo desconocer el origen de esas estimaciones y negó que al día de hoy haya habido paralización en los trabajos públicos. No obstante reconoció el retraso que existe en el envío de recursos por parte de la Nación, por lo que genera "una desaceleración que es evidente".
"A la gran deuda que tiene el estado nacional con las empresas constructoras respecto a la redeterminación de precios, que no se pagan desde hace un año y que rondan entre los $ 160 millones y los $180 millones, se suma ahora el hecho de que la Nación ha dejado de enviar en tiempo y forma los fondos", indicó Viola. Mientras Durán se mostró optimista pese a la crisis al estimar que la provincia se está ocupando de que el ritmo no se detenga y que en 60 días la situación se normalice, Viola señaló que las firmas particulares no soportarán más de dos semanas y se verán obligadas a expulsar a 3.500 trabajadores, los que se sumarán a los 2.500 ya suspendidos. "Estaríamos hablando de casi 7.000 obreros en la calle", sentenció el empresario.
El interventor del Instituto de la Vivienda especificó en diálogo con EL SIGLO que ninguna de las 82 empresas que trabajan con el organismo le informó una situación semejante. "Ninguna empresa o ninguna obra se ha paralizado, aunque no podemos desconocer que los fondos de la Nación no llegan en la misma proporción que el año pasado y eso nos afecta", explicó y estimó que la provincia tomará medidas que se ajustarán al plano nacional. "Si la remisión de recursos que nos remite Nación baja en un 30 por ciento, la obra pública desacelerará en la misma proporción. Pero jamás hablamos de paralización. Tenemos que ser claros y responsables y reconocer que estamos en un momento difícil", acotó el funcionario.
Fuente: El Siglo (Tucumán)
Las advertencias que lanzaron desde la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, sacudieron los cimientos: si la desaceleración en la ejecución de la obra pública se mantiene como hasta ahora, en los próximos días las empresas privadas suspenderán a 3.500 obreros. Así lo manifestó el representante local Antonio Lorenzo Viola, quien expresó que la situación es "preocupante" por el impacto social que generará tal determinación en la provincia. Viola recordó que desde que comenzó el proceso inflacionario y la crisis con el campo, las empresas ya suspendieron a 2.500 empleados de un total de 12 mil. De este universo laboral, siete mil están abocados a la obra pública, de los cuales 3.500 quedarían suspendidos. Sin embargo, el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda Gustavo Durán, dijo desconocer el origen de esas estimaciones y negó que al día de hoy haya habido paralización en los trabajos públicos. No obstante reconoció el retraso que existe en el envío de recursos por parte de la Nación, por lo que genera "una desaceleración que es evidente".
"A la gran deuda que tiene el estado nacional con las empresas constructoras respecto a la redeterminación de precios, que no se pagan desde hace un año y que rondan entre los $ 160 millones y los $180 millones, se suma ahora el hecho de que la Nación ha dejado de enviar en tiempo y forma los fondos", indicó Viola. Mientras Durán se mostró optimista pese a la crisis al estimar que la provincia se está ocupando de que el ritmo no se detenga y que en 60 días la situación se normalice, Viola señaló que las firmas particulares no soportarán más de dos semanas y se verán obligadas a expulsar a 3.500 trabajadores, los que se sumarán a los 2.500 ya suspendidos. "Estaríamos hablando de casi 7.000 obreros en la calle", sentenció el empresario.
El interventor del Instituto de la Vivienda especificó en diálogo con EL SIGLO que ninguna de las 82 empresas que trabajan con el organismo le informó una situación semejante. "Ninguna empresa o ninguna obra se ha paralizado, aunque no podemos desconocer que los fondos de la Nación no llegan en la misma proporción que el año pasado y eso nos afecta", explicó y estimó que la provincia tomará medidas que se ajustarán al plano nacional. "Si la remisión de recursos que nos remite Nación baja en un 30 por ciento, la obra pública desacelerará en la misma proporción. Pero jamás hablamos de paralización. Tenemos que ser claros y responsables y reconocer que estamos en un momento difícil", acotó el funcionario.
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