Según un comunicado de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca, existe una profunda preocupación por la implementación de las llamadas “Retenciones a las Exportaciones Mineras”, aplicadas contra las disposiciones de la ley vigente (ley nacional 24.196) a proyectos mineros con estabilidad fiscal otorgada por el Estado Argentino con anterioridad a la vigencia de este impuesto; las cuales atentan contra el desarrollo de la industria y sus actividades indirectas en todo el territorio nacional y perjudican directamente a la provincia de Catamarca y su gente.
La actividad minera, en todas sus etapas (prospección, exploración, construcción y explotación) genera inversiones y notorios movimientos económicos en todas las localidades y provincias donde se desarrolla.
La Asociación de Empresas Mineras manifiesta su enérgico rechazo a una decisión que pone en serio riesgo una actividad que en muchos casos es la única opción de desarrollo para poblaciones hasta hoy postergadas y alejadas de toda asistencia o ayuda centralista.
Estas medidas, adoptadas sin debate, análisis o consenso, perjudican no sólo el desarrollo de los emprendimientos mineros y sus empleados, sino también a proveedores locales y regionales, profesionales, técnicos y operarios, y a la provincia de Catamarca, a la que la minería le posibilitó escalar desde puesto 11 del ranking de provincias exportadoras a l puesto número 4 en 2006.
La exportación tiene relación directa con la contribución de las provincias a la recaudación Nacional. Sin perjuicio de ello, el Estado Nacional, en vez de premiar o compensar la explotación de “recursos no renovables” propiedad de la provincia, la relega recaudando a expensas de los ingresos y del desarrollo de la misma.
En síntesis, resulta injustificable una acción que produce ya hoy las siguientes consecuencias para nuestro país y nuestra provincia:
1.- Se perjudicó seriamente la imagen de la Argentina en el tema minero, imagen que era apreciada y considerada una política minera consensuada, una “Política de Estado” (tal como expresamente la declarara el Dr. Kirchner en el año 2004), donde las pautas de trabajo perduraban y superaban los periodos de gobierno.
2.- Se generó inseguridad jurídica e inestabilidad fiscal, ya que es un gravamen sin respaldo legal.
3.- Inversiones por más de ocho mil millones de dólares en el país, en proyectos ya avanzados, han sido puestas en duda.
4.- Se suspendieron inversiones en prospección y exploración y se desviarán hacia países con reglas y políticas claras: Perú, Chile y Brasil, entre otros.
5.- Disminuirán las reservas mineras y vida útil de los yacimientos en explotación, debido a que éstos se verán afectados por el parámetro económico-minero denominado Ley de Corte: ley mineral cuyo costo de extracción y procesamiento no deja margen de ganancia. Las retenciones, al ser un costo adicional, incrementarán la Ley de Corte y reducirán las reservas factibles de explotación.
6.- Se impactará negativamente la demanda de mano de obra directa y los requerimientos a proveedores de bienes y servicios (otra reducción de la demanda de empleo); componentes económicos indirectos que generan impuestos provinciales y nacionales, coparticipables y retribuibles a la Provincia.
La economía de la provincia de Catamarca y de sus Municipios se verá severamente afectada con esta medida Nacional. Basta citar que:
1.- Reducirá en más de 80 millones de pesos anuales los aportes realizados por YMAD a Catamarca como parte societaria de la UTE con Minera Alumbrera. La pérdida total de la provincia a lo largo de la explotación de Bajo de la Alumbrera será mayor a los 700 millones de pesos, equivalentes a dos mega proyectos de infraestructura como el dique El Bolsón o más de 18.000 viviendas. Estos fondos irán ahora, sin justificación alguna, a la Nación.
2.- Así, el Estado Nacional habrá creado un impuesto adicional que implicará una menor recaudación que la que podría generar el desarrollo de los proyectos mineros ahora puestos en duda.
3.- Disminuirá en igual proporción las regalías que percibe la Provincia por la explotación del recurso, ya que al valor “boca mina” se le deducen todos los costos de operación inherentes a los procesos de beneficio y comercialización.
4.- Afectará la potencialidad minera de la provincia, inhibiendo las inversiones en prospección, exploración y, principalmente, la de proyectos factibilizados y en explotación.
Así, está visto y demostrado que el impuesto aplicado por el Estado Nacional, en contra de la legislación aplicable, afectará negativamente a la industria minera, a la provincia de Catamarca, a las restantes provincias mineras y a la Argentina.
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El presidente de Vialidad Provincial de la provincia de Misiones, Julio Duarte, aseguro que ese es el proyecto que tiene el organismo. Recordó ademas que se realizara con la participación de miembros nacionales y provinciales.
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